Santa Fe, 30-11-2020
28 de septiembre de 2018

Acercan a la Defensoría del Pueblo la problemática sobre la regulación de entidades de crédito para el consumo en la provincia

Acercan a la Defensoría del Pueblo la problemática sobre la regulación de entidades de crédito para el consumo en la provincia

Se trata de la iniciativa de una diputada que pretende regular esta situación de los oferentes de créditos para el consumo, los cuales no están alcanzados en la actualidad por la legislación de tarjetas de crédito ni de entidades financieras que son controladas por el Banco Central de la República Argentina.

El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, recibió este jueves a la legisladora provincial, María Cecilia del Huerto Ayala, quien acudió a la institución para trasladarle la problemática vinculada con la regulación de entidades de crédito para el consumo en la provincia.

Al explicar la situación, Ayala dijo: “La falta de información veraz, clara y detallada que sufren los tomadores de este tipo de créditos, quienes en la mayor parte de los casos desconocen las tasas finalmente abonadas, las penalidades por incumplimiento y la titularidad de las empresas que otorgan financiamiento, son algunos aspectos que es preciso legislar”.

La diputada explicó que, si bien la ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor trata de los requisitos de esta forma de crédito destinado a operaciones de venta a crédito o al financiamiento para la adquisición de bienes de consumo; las entidades oferentes que operan en este mercado no quedan alcanzadas por la legislación de las tarjetas de créditos ni por las regulaciones del Banco Central de la República Argentina. Por eso, “se vislumbra cierto vacío normativo que es imperioso llenar a la luz de la complejidad que ha adquirido el fenómeno según la investigación apuntada”.

“De acuerdo a un estudio de campo que hemos realizado -añadió Ayala-, los más perjudicados son los usuarios que cuentan con bajos ingresos, como por ejemplo jubilados, jóvenes trabajadores con convenios colectivos de salarios bajos o empleados públicos de escalafones inferiores, quienes terminan pagando tasas que nunca fueron transparentadas al momento de celebrar los contratos. Seguramente si contaran con la información adecuada sobre el contrato a celebrar podrían proponer alternativas que se adapten a su realidad económica o directamente no tomarían el crédito si pudieran evaluar las consecuencias patrimoniales que le provocarían estas prácticas verdaderamente abusivas”.

La diputada señaló que el trabajo de campo que llevó adelante confirmó la hipótesis de que los consumidores más pobres pagan más caros los productos que compran mediante estos sistemas de crédito. En este sentido, indicó que “a partir de la situación económica actual que activa un proceso inflacionario, se agudiza la pérdida de poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos, generando un impacto negativo sobre su capacidad para afrontar el pago de los créditos adquiridos”.

“Esta situación ha derivado en un incremento de la judicialización de este tipo de contratos, con el agravante de que este segmento de consumidores en general no recurren a abogados para que realicen su defensa en los estrados judiciales”, explicó, y añadió: “este hecho se ve agravado por la ausencia de un registro armonizado, donde se pueda hallar información normalizada acerca de la capacidad de pago de los interesados en tomar este tipo de créditos, que ante apremios económicos muchas veces se endeudan más de lo que sus ingresos aconsejarían”.

CASOS

La legisladora manifestó que muchas personas, siendo titulares de pensiones no contributivas y que cumplen los requisitos para acceder a estos créditos, recurren a varias entidades tomando distintos créditos, de manera que todo su ingreso tienen que destinarlo al pago de los compromisos que asumió. Por ende la insolvencia es muy alta y las mismas agencias comienzan la refinanciación de los créditos, agravando la situación económica del pensionado al verse inserto en un círculo vicioso de endeudamiento que se torna impagable.

Para ilustrar la gravedad del problema, Ayala explicó que un préstamo de $20.000, con un plazo de 12 meses para devolver en cuotas de $3.367, arroja un importe total adeudado de $40.404; es decir que en un año el tomador devuelve el 100% del valor del crédito original. En el segmento de los que tienen ingresos más elevados, un tomador que reúna los requisitos de contar con un recibo de sueldo y antigüedad laboral para aspirar a un crédito de $50.000, a devolver en un plazo de doce meses, la cuota asciende a $6.584 y el importe total adeudado llegaría a $79.008: es decir, el 60% del crédito concedido.

SECTOR VULNERABLE

El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, se hizo eco de la importancia del tema planteado y afirmó que “se trata de una problemática central puesto que apuntan a un sector vulnerable compuesto por aquellos que por lo general perciben una pensión no contributiva o que cobran la jubilación mínima; es decir, personas cuyos ingresos le impiden acceder a otro tipo de créditos como los del sistema financiero convencional”.

“En los últimos años, y como consecuencia de la situación económica general, se ha multiplicado la aparición de estas casas de financiamiento, constituyéndose en un sector que no tiene ninguna regulación específica puesto que no son financieras como lo entiende la ley”, explicó.

 
Publicado en: Provinciales

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