Santa Fe, 19 de Octubre de 2018
12 de junio de 2018

La UNL ratifica la Educación Superior como bien público y derecho humano universal

La UNL ratifica la Educación Superior como bien público y derecho humano universal

“A 100 años de la Reforma reafirmamos tres principios claramente expresados en la declaración de Cartagena: “la Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado, afirmación que tiene todo que ver con la responsabilidad social de las universidades”, indica la declaración aprobada por Consejo Superior de la UNL que contribuirá al debate en la Conferencia Regional de Educación Superior 2018 que se llevará a cabo en Córdoba, desde este lunes hasta el 15 de junio.

 

“La Universidad Nacional del Litoral, pronta a cumplir 100 años de su creación, reafirma su compromiso con la educación –en todos sus niveles- en tanto bien público social y derecho humano universal, y con las acciones sustantivas de docencia, investigación y extensión como prácticas centrales que permiten ejercer diariamente los ideales y postulados de la Reforma de 1918”, cita la declaración que será el aporte de la UNL para el debate en la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018) que se llevará a cabo en la semana del centenario reformista en la ciudad de Córdoba, desde este lunes, hasta el 15 de junio.

“La UNL, nacida de la Reforma, reafirma los principios de esa verdadera revolución que trascendió los límites de la Argentina para despertar conciencias en toda América Latina y para decir al mundo que la universidad reformista será siempre una universidad reformadora de sí y de su contexto, inquieta, disconforme, ambiciosa en clave social, desvelada por la inclusión, la igualdad de oportunidades, en constante búsqueda de pertinencia como criterio rector de la calidad, innovando institucionalmente en la búsqueda de una adecuada respuesta a los problemas sociales, productivos y ambientales de su entorno”, manifiestan los universitarios del Litoral.

La declaración, que contiene los lineamientos y desafíos para pensar la educación en el siglo XXI, fue aprobada por el Consejo Superior el 24 de mayo, y corrobora “el convencimiento de que la Educación Superior debe impulsar, de manera decidida, un modelo de transformación con un sentido curricular y pedagógico diferente al actual, que entienda la formación inter e intra-disciplinar de manera amplia y flexible, que incorpore la interculturalidad y las artes, la innovación educativa, el ejercicio de un nuevo rol de la actividad docente y de investigación en los aprendizajes y los nuevos conocimientos, con responsabilidad social y con una clara orientación a la formación de una nueva ciudadanía latinoamericana”.

Resignificar los principios

Para repensar los alcances de los principios que son los cimientos de la universidad reformista, la resolución reconoce “desafíos de profundo calado: repensar en forma permanente e integrada nuestras funciones sustantivas; trabajar incansablemente por la democratización del ingreso y el aumento de la permanencia, poniendo al estudiante en el centro de la acción; pensar una adecuada producción de conocimiento, con formas co-diseñadas para promover su apropiación social, contribuyendo a la construcción de una sociedad justa e igualitaria, basada en el conocimiento; la integración y consolidación de los vínculos institucionales a través de la comunicación; trabajar por una universidad integrada en la región, inserta en los escenarios cambiantes de un mundo globalizado”.

Diagnóstico

La declaración parte del diagnóstico que “hace 10 años la crisis financiera global recién empezaba y la crisis ambiental planetaria mostraba los primeros indicadores de lo que hoy resulta irrefutable. El mundo ha cambiado, la última década es eco de ese cambio. Se han profundizado modelos de desarrollo que generan sociedades fragmentadas con altos niveles de exclusión, escasa cohesión, con democracias débiles ante el poder de las corporaciones y las finanzas, en medio del significativo impacto que tiene la llamada revolución del conocimiento”.

Ante lo cual, la UNL sostiene que las profundas y vertiginosas transformaciones “interpelan centralmente a las Instituciones de Educación Superior en la búsqueda de nuevas propuestas educativas, de nuevas formas de enseñar y de aprender, de novedosas prácticas para la construcción social del conocimiento en pos de la democratización y apropiación social del conocimiento, en la participación en nuevos procesos de innovación y en el involucramiento en proyectos de desarrollo locales y regionales”.

Por mayor inclusión

La UNL plantea como uno de los desafíos del siglo XXI lograr mayor inclusión y el acceso de más estudiantes a la Educación Superior, “algo que toda la región necesita si se quieren disminuir brechas aumentando oportunidades”, se indica.

“Las trayectorias educativas exitosas que aumenten el número de egresados del nivel superior tiene su punto de partida en las condiciones en que los estudiantes concluyen la enseñanza media y dependen de la implementación de cambios impostergables en el nivel, así como del esfuerzo de articulación entre los dos niveles, porque no basta con abrir las puertas de las Instituciones de Educación Superior a todo el que quiera ingresar si antes de los dos años está otra vez fuera del sistema”, sostiene el texto universitario.

Plantea también la necesidad de repensar las modalidades de enseñanza y aprendizaje de acuerdo al desarrollo de tecnologías de información y comunicación: “Un desafío impostergable es la incorporación de la virtualidad como respuesta a los problemas de inclusión educativa”, se asegura.

Superar asimetrías

Para América Latina —la región más desigual del mundo— las asimetrías sociales representan un rasgo estructural y por tanto un desafío fundamental, dice la declaración para sostener que “sabemos que la desigualdad se manifiesta en diversos planos, en el acceso a la salud y a la educación, en los niveles de ingresos, así como en los desiguales accesos y oportunidades causados por la discriminación por razón de género o condición étnico-racial”.

“Tenemos que poder ver a la investigación científico-tecnológica y la innovación social y productiva como verdaderos motores del ejercicio de derechos humanos, sociales, ambientales y económicos de los pueblos de América Latina y Caribe. Los conocimientos, la ciencia, la tecnología y la capacidad de generar innovaciones -que se concentran en buena parte en las Instituciones de Educación Superior- son fundamentales en la búsqueda de un desarrollo humano con sostenibilidad”, valora la declaración, para sumar que “el desarrollo de capacidades y la construcción de Estados de bienestar son componentes centrales de un nuevo paradigma de desarrollo en el que la revolución tecnológica se ponga al servicio de un sendero de crecimiento bajo en carbono e intensivo en tecnología con claros y estrictos límites éticos”.

“La educación no es un objeto mercantil”

La resolución universitaria expresa su adhesión a la LXX Declaración del Consejo de Rectores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), en cuanto a que “la Educación Superior -en tanto bien público y social- no es objeto mercantil y nos oponemos en forma terminante a la inclusión de la ES en acuerdos de libre comercio”, y nos identificamos con la declaración de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) cuando expresa que orientar esfuerzos en la internacionalización supone voluntad política y recursos encaminados a una agenda de desarrollo, sostenibilidad, equidad y cooperación, para lograr una movilidad con impacto regional, utilidad propia y con un propósito de descolonización del conocimiento”.

La declaración sostiene, además, que “es importante gestionar la movilidad para la investigación en temas de relevancia regional, como el cambio climático y la seguridad alimentaria, que atiendan en una escala local, con capacidades propias para hacer de nuestra región una zona de atracción de movilidad internacional, mediante polos universitarios globales”.

 
Publicado en: Educación, Locales

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